La brisa del Río Uruguay, que suele traer consigo la tranquilidad y el aroma de los palmares, sigue agitada por el fantasma ambiental. En la margen uruguaya, frente a la ciudad entrerriana de Colón, se proyecta una mega-inversión que mantiene en vilo a toda la población: una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos de la empresa HIF global. Lo que la compañía presenta como una iniciativa, presenta graves daños para la fauna y la flora, los colectivos ambientales y los habitantes de la región la ven como una amenaza para su vida diaria, para la biodiversidad local y el turismo, ¿Quién va a venir a pasear si hay una planta que contamina el rio y el ambiente?
Riesgos por donde se mire y una economía turística en jaque
Uno de los principales contaminantes es el uso de metanol, sustancia de gran densidad toxica y volátil en el proceso de producción. El hecho que la planta se ubique a menos de 4 kilómetros de la ciudad de Colón, una de las principales puertas de entradas a la Provincia de Entre Ríos, esta generando una gran movilización y preocupación en entrerrianos y turistas que vacacionan por la zona. “No existe el riesgo cero”, afirman desde la multisectorial somos ambiente, señalando que cualquier incidente podría tener consecuencias altas y peligrosas para la salud y el ecosistema.
El impacto negativo no es solo ambiental, sino también económico. La costa del río Uruguay, desde Colón hasta San José y Villa Elisa, ha crecido por un modelo de desarrollo basado en el turismo y la agroecología. La inquietante posibilidad de una instalación de una planta industrial de esta características pondría en riesgo la identidad productiva y cultural de la región. El proyecto, destinado solamente a la exportación de combustibles, no dejará beneficios sustanciales en la economía local de Paysandu o de Uruguay, lo que convierte en un negocio de alto riesgo para la región, sin retorno claro para las personas.
Un conflicto binacional sin precedentes
La situación ha revivido un conflicto binacional similar al de la pastera de Fray Bentos. Por un lado, el gobierno uruguayo ha defendido la inversión como un hito histórico para el país, llegando incluso a recategorizar el uso del suelo donde se instalaría la planta. Por el otro, organizaciones ambientales y funcionarios argentinos han elevado notas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han realizado protestas para visibilizar los riesgos.
Los principales puntos de conflicto son:
- La falta de información clara por parte de la empresa sobre los procesos de producción y los potenciales riesgos.
- El impacto ambiental en el Río Uruguay y el Área Protegida Islas del Queguay, que se encuentra muy cerca del sitio del proyecto.
- La amenaza al turismo en la costa del río, uno de los principales motores económicos de la región de Entre Ríos.
Comunidad en lucha permanente y sin respuestas efectivas
Frente a la inminente amenaza, “Somos Ambiente” ha trazado un camino de resistencia y propuestas concretas. Más allá de la exigencia de la relocalización del proyecto, el colectivo defiende la idea del río Uruguay como un bien común y promueve la protección de las 67 islas de Colón, declaradas áreas protegidas. Su visión trasciende la lucha ambiental: se trata de una defensa social, cultural y productiva que busca construir un modelo de desarrollo más justo y solidario.
En este contexto, la coordinación binacional con organizaciones uruguayas se ha vuelto fundamental. La defensa del territorio, del río y de las comunidades es una causa que no reconoce fronteras. A través de la concientización y la participación, “Somos Ambiente” invita a la sociedad a informarse y a ser parte de una lucha colectiva por la vida y el futuro de una región que vive y respira al ritmo del río Uruguay.