La salud mental volvió a trascender en la agenda pública, pero, en Entre Ríos la tasa es cada vez mas alta en jóvenes. El acceso a las redes sociales desde muy pequeños, la falta de contención en las escuelas y en las familias son los problemas graves que se observan a nivel nacional. La situación social de las familias que no llegan a fin de mes, que tienen otras prioridades para subsistir día a día (alimentación, estudios), tienen la imposibilidad de pagar tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
La emergencia en salud mental en Entre Ríos dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una escena incómoda, expuesta, casi urgente. La Cámara de Diputados fue el escenario. Durante más de dos horas, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, respondió preguntas, pero sobre todo enfrentó una realidad que ya no se puede maquillar: el sistema está tensionado y la demanda crece más rápido que la capacidad de respuesta.
El dato que sobrevoló toda la jornada fue contundente. Intentos de suicidio en aumento, registros que todavía se están consolidando y una franja etaria jóvenes, principalmente, donde la alarma ya no es una advertencia sino una confirmación.
Pero más allá de los números, lo que se respiraba era otra cosa. Incomodidad. Cruces políticos. Y una pregunta que nadie logró cerrar del todo: ¿alcanza con declarar la emergencia?
Desde algunos bloques, la respuesta es sí. Argumentan que es una herramienta necesaria para acelerar decisiones, reasignar recursos y reconocer formalmente que la situación es crítica. Del otro lado, la postura fue más cauta. El propio Blanzaco lo puso en palabras, casi como devolviendo la pelota: la crisis es estructural, no coyuntural. Y declarar la emergencia, por sí sola, no resuelve el problema.
En el medio, queda la realidad. Centros de salud que no dan abasto. Profesionales que faltan, sobre todo psiquiatras, y equipos que trabajan al límite. También una demanda que no deja de crecer, empujada por un contexto social y económico que agrava todo lo demás.
Oficialismo y oposición, con matices, reconocen que el sistema está bajo presión. Mientras tanto, afuera de ese recinto, la problemática sigue su curso. No espera resoluciones legislativas ni tiempos políticos. Se manifiesta en los barrios, en las escuelas, en las familias. En silencios que muchas veces llegan tarde.
En Entre Ríos ya está discutiendo tarde algo que hace tiempo viene ocurriendo. Y que, más allá de las palabras, lo que está en juego no es una categoría administrativa como “emergencia”, sino la capacidad real del Estado de llegar antes de que sea demasiado tarde.

